En 2024, el Gobierno Nacional decidió no subsidiar más el transporte de pasajeros de las provincias, excepto el del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según la Ley 23.966, que regula la distribución de lo generado por los Impuestos a los Combustibles Líquidos (un impuesto que cada rionegrino paga cuando carga nafta), lo recaudado por ese tributo debe ser distribuido a las provincias para construir rutas y subsidiar el transporte público de pasajeros, entre otros destinos. Sin embargo, ese reparto no ocurre.